Concejal de Itagüí fue demandado por no pagar prestaciones a exempleada de su negocio

Una polémica situación enfrenta el concejal de Itagüí y exsecretario de Desarrollo Económico Daniel González Giraldo, quien fue demandado ante un juzgado laboral de ese municipio por quien fue su empleada por cinco años en su restaurante Ricazuelas, tras al parecer no pagar sus prestaciones sociales como lo dicta la ley.González, primo del senador Carlos Andrés Trujillo, es señalado de presuntamente no pagar primas ni vacaciones entre los años 2019 y 2021, ni tampoco cesantías durante estos años, más los siguientes hasta 2024, cuando la mujer decidió renunciar en el mes de julio.Natalia Múnera Moreno, abogada litigante y quien representa a la exempleada, narró a Blu Radio que las vulneraciones al Código Sustantivo del trabajo en mayor medida fueron en los primeros años, en los que incluso no la afilió a la seguridad social. Según la denunciante, tampoco le habría pagado las primas de ley en diciembre y junio, pues solo le entregaban “una bonificación por buen desempeño”."En ese tiempo, cuando llegaba el tema de la prima, en junio y en diciembre, él les decía que les daba como una bonificación por el buen desempeño, en vez de prima. Y esa bonificación era alrededor de $50,000 a $100,000 pesos", contó.De acuerdo a lo detallado por la abogada, la situación cambió en el año 2023, cuando vinculó laboralmente a los trabajadores a una empresa denominada Inversiones Ricazuelas SAS donde figura como representante legal. Todo esto justo en el tiempo en que se adelantaban las campañas a las elecciones regionales."Desde el 5 de julio de 2019 hasta el mes de enero de 2021, el señor Daniel González nunca le afilió a la Seguridad Social, nunca le pagó prestaciones sociales, nunca le pagó cesantías. Solo fue hasta el año 2023, cuando él iniciaba campañas para lanzarse al Concejo de Itagüí, decidió vincular a los trabajadores a una empresa denominada Inversiones Ricazuelas SAS, donde él figura como representante legal de dicha sociedad", detalló la abogada.Aunque el concejal electo por el Partido Conservador negó haber tenido vínculo laboral con la demandante en el tiempo en el que se omitió el pago de estos derechos, González expidió una carta en abril de 2024 donde certificaba la relación laboral desde julio de 2019 y luego argumentó que lo hizo por un favor para una entidad financiera, lo cual la trabajadora desmiente. A la par, la carta de renuncia de julio del 2024 también habría sido recibida por él, pues allí está su firma.A su turno, Múnera indicó que tras enviar un derecho de petición sin obtener respuesta, la trabajadora interpuso una acción de tutela. Solo entonces González consignó las cesantías del 2023 y la liquidación a órdenes del juzgado, aunque debía haberlo hecho en febrero del 2024. Las cesantías desde 2019 siguen sin pagarse, y ese es el foco actual del reclamo, que además contempla la sanción moratoria por, presuntamente, no hacerlo a tiempo. La conciliación será el 20 de agosto próximo.Blu Radio se comunicó con el corporado, quien es conocido en el sur del Valle de Aburrá por ser defensor de los comerciantes y el empleo digno, para conocer su versión y este contestó que la demanda itida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí no es en su contra, sino de la sociedad Ricazuela SAS, pese a que en el documento conocido por este medio de la isión de la demanda figuran como demandados tanto él como la mencionada sociedad (en liquidación). Además, en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, el concejal aún figura como representante legal (gerente general) de dicha sociedad. El concejal también aseguró que “luego de las conciliaciones que citen y a quién citen, ya será el momento de pronunciarme si soy yo o si es representante legal de la empresa o quien sea el que tenga que estar ahí. Pero Daniel González Giraldo, como persona natural, no tiene una sola deuda”.