Controversia por resolución de MinAgricultura que otorgaría funciones extra a la cartera

El congresista del Centro Democrático, Christian Garcés, anunció que demandará la resolución que reglamenta las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los gremios del sector agropecuario.Según Garcés, la medida del Gobierno de Gustavo Petro sería un acto inconstitucional que vulnera el derecho a la libertad de asociatividad y agremiación, consagrado en la Constitución de Colombia.El congresista manifestó que la ministra de Agricultura podría estar incurriendo en un posible prevaricato al asumir funciones que son exclusivas del Congreso de la República. Para Garcés, esta resolución representa un claro atentado contra la democracia, pues, a su juicio, el Gobierno está limitando la autonomía de los gremios del sector agropecuario, los cuales desempeñan un papel crucial en la economía nacional.Desde el sector agropecuario, diversas voces se han alzado contra la resolución, advirtiendo que, en la práctica, esta medida podría ser utilizada para sancionar a aquellos que se opongan a la agenda del Gobierno. Los detractores de la resolución señalan que, en su implementación, los gremios podrían ser intervenidos, modificados en sus estatutos, cambiar sus directivos o incluso perder su personería jurídica. Además, se destaca que el trámite sancionatorio será de instancia única, lo que eliminaría la posibilidad de apelación."Esto es una clara persecución contra el sector agropecuario", afirmó Garcés, quien añadió que esta resolución podría ser utilizada para apropiarse de recursos, especialmente de los parafiscales, lo que abriría la puerta a un control excesivo sobre los gremios y sus recursos.En paralelo, la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia) también ha expresado su preocupación por los alcances de la medida. María Claudia Lacouture, presidenta de la entidad, manifestó en un comunicado que la resolución vulnera el derecho constitucional a la libre asociación y a la libertad de empresa, establecidos en los artículos 38 y 333 de la Constitución. Lacouture subrayó que los gremios no son subordinados del Ejecutivo, sino actores legítimos e independientes de la democracia, por lo que el otorgamiento de facultades de vigilancia al Ministerio excede su competencia.AmCham hizo un llamado a revisar la legalidad y conveniencia de la resolución, argumentando que una medida de este tipo podría generar un grave precedente en la relación entre el Estado y los actores del sector privado en Colombia.