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La Fiscalía advirtió al Tribunal Superior de Bogotá sobre irregularidades en los registros de las cámaras de seguridad del Palacio de Nariño, justo en los espacios y fechas donde se habrían reunido Olmedo López, Sandra Ortiz y Carlos Ramón González, en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
Además, solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario contra González, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como director del Departamento istrativo de la Presidencia (Dapre).
Según se confirmó este miércoles en audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, las grabaciones que debieron registrar el encuentro del 21 de septiembre de 2023 presentan vacíos de continuidad. Esta revelación respalda lo que ya había sido informado por Blu Radio el pasado 20 de mayo.
Los registros de seguridad analizados cubren el período del 10 de septiembre al 11 de diciembre de 2023 e incluyen áreas como el salón del consejo de ministros, hall monja, salón gobelino, salón virreinal y la jefatura del despacho del Dapre.
Sin embargo, se detectaron fallas puntuales en las cámaras 123 y 125, ubicadas en las zonas conocidas como “Escaleras Presidente” y “Despacho Presidente 2”, consideradas clave para verificar los encuentros entre los exfuncionarios investigados.
Desde la Presidencia se explicó que las fallas se deben a problemas técnicos del sistema de seguridad. Para respaldar esta versión, se presentó un concepto técnico elaborado por un experto, junto con comunicaciones previas enviadas al Dapre que advertían sobre estos fallos.
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Carlos Ramón González es señalado por la Fiscalía de participar en un esquema de corrupción dentro de la UNGRD, y se considera que hay pruebas suficientes para imputarle los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos. Su nombre ha sido mencionado en repetidas ocasiones por Olmedo López, quien en esa época era director de la UNGRD, y por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la misma entidad, ambos testigos colaboradores en el proceso.
Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, también ha sido señalada, aunque no ha sido formalmente vinculada como cooperante.
Según López, González le dio instrucciones para entregar 4.000 millones de pesos a los congresistas Iván Name y Andrés Calle con el objetivo de asegurar el apoyo a las reformas sociales del Gobierno en el segundo semestre de 2023. Una de las fechas clave es el 21 de septiembre, día en que se habría pactado la entrega de esos recursos.
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Además de las grabaciones de seguridad, la Fiscalía presentó como prueba la información de geolocalización obtenida a través de proveedores de telefonía móvil. Las coordenadas de los celulares de González coinciden con las de Olmedo López y Sandra Ortiz en los lugares y fechas en cuestión, lo que refuerza la línea investigativa del ente acusador.
Como parte de la investigación, el 30 de abril la Fiscalía también recibió 20 archivos PDF y cuatro documentos en Excel relacionados con las declaraciones de renta y otros informes tributarios de González. Así mismo, se solicitó autorización al Tribunal para realizar inspecciones en la Presidencia, la Dian y la empresa de telefonía vinculada al exfuncionario.
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