El reversazo de MinSalud sobre nueva ley que permitiría "disolver cadáveres"

En Colombia, actualmente, la disposición final de cadáveres, cuando muere una persona, se realiza a través de dos métodos legales: la inhumación (enterramiento) o la cremación. Sin embargo, en el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca reglamentar la hidrólisis alcalina como técnica de disposición final de cadáveres. Esta iniciativa propone incorporar esta técnica bajo el argumento de ser más amigable con el medio ambiente en comparación con la cremación convencional y la inhumación.La hidrólisis alcalina consiste en un proceso que acelera la descomposición natural del cuerpo mediante el uso de agua, calor, presión y una solución alcalina. El cuerpo se descompone en un líquido estéril y restos óseos que son procesados para ser entregados a los familiares."Hay gente que se opone a este proyecto, pero lo hace por intereses económicos, que le gusta seguir cobrando unas enormes sumas, hay cremaciones que pueden costar hasta ocho millones y la hidrolisis puede ser de 2 millones", dijo el representante Oscar Darío Pérez.Aunque el proyecto ha sido promovido como una innovación ecológica y digna, ha generado diversos conceptos. La Secretaría de Ambiente de Bogotá advirtió que es importante tener en cuenta que las sustancias alcalinas, producto de estos procesos, pueden causar daños a la salud por o con la piel, los ojos o la ropa, por su inhalación y la ingestión de los mismos "se genera la inquietud de cómo se va a controlar las altas cargas contaminantes que se verterán a la red de alcantarillado. La hidrólisis alcalina aplicada a cadáveres humanos podría aumentar exponencialmente la peligrosidad de los vertimientos”.Otra de las preocupaciones también recae en que, al momento de ser aprobado, este proyecto de ley, se aumentará la oferta de personas y empresas que ofrezcan estos servicios.Si bien ya existen algunos negocios que lo realizan con animales, se han presentado quejas por olores ofensivos y otras afectaciones para la comunidad que vive cerca de estos negocios, así se pudo conocer a través de un derecho de petición solicitado a la Secretaría de Ambiente de Bogotá en noviembre del 2023, cuando se presentó una queja en la localidad de Usaquén de un negocio que prestaba estos servicios, pero fue denunciado por olores fétidos que emanaban de la residencia.Otro aspecto polémico fue el cambio de postura del Ministerio de Salud. Inicialmente, el 28 de mayo de 2024, el viceministro Jaime Hernán Urrego emitió un concepto negativo, argumentando que el proyecto era inconveniente por representar riesgos a la salud pública. No obstante, según fuentes, tras una reunión celebrada el 4 de junio entre el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y el representante Alejandro Toro (autor del proyecto), el Ministerio emitió un nuevo concepto el 22 de julio del mismo año, esta vez, respaldando el proyecto, afirmando que no se promueven riesgos a la salud pública, siempre y cuando se cumplan las observaciones presentadas.La controversia, además, gira alrededor del artículo 14 del proyecto que establece que deben respetarse las mismas normas vigentes para la cremación tradicional en lo relacionado con el tratamiento de cuerpos que estén involucrados en investigaciones, es decir, aquellos casos en los que la muerte no haya sido natural. Lo anterior, teniendo en cuenta que Colombia ha sido un país marcado por la violencia, donde las desapariciones forzadas han sido una problemática de décadas. El exfiscal general Guillermo Mendoza Diago advirtió que, en caso de aprobarse esta nueva práctica, deberá contar con mecanismos de control. Además, enfatizó que todos los protocolos judiciales deben agotarse antes de aplicarla. Mendoza Diago fue enfático en que, “judicialmente, siempre que se sospeche de un delito, hay que mantener el cuerpo disponible hasta agotar todos los procedimientos que permitan recoger evidencias”.Por su parte, expertos en medicina forense han expresado preocupación por el riesgo de que esta tecnología sea aprovechada por intereses criminales, como mafias o redes de corrupción. Carlos Valdés, exdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal, advierte que esta técnica no solo podría borrar cualquier rastro genético de una persona, sino que, en el contexto de violencia que vive el país, también facilitaría la desaparición total de cuerpos humanos. “La hidrólisis alcalina rompe los enlaces del ácido fosfórico dentro del ADN y va entonces a desnaturalizarlo, se rompe la estructura de la molécula, la doble hélice, todos los nucleótidos y se altera la configuración química. Se destruye totalmente el ADN” dijo.Asimismo, gremios como la Cámara Exequial de Colombia, que agrupa a prestadores de servicios funerarios, manifestaron que la iniciativa presenta riesgos sanitarios y urbanísticos.Señalaron que la redacción actual del proyecto permitiría que la hidrólisis se realice en zonas urbanas destinadas solo para velación o tanatopraxia, lo que iría en contra de la normatividad del uso del suelo y que no existe infraestructura adecuada en muchas ciudades, como Bogotá, para tratar los residuos líquidos altamente alcalinos generados por este proceso. Lo anterior se basa en que el articulo 4 del proyecto establece que estos servicios podrán prestarse en establecimientos cuyo uso del suelo esté autorizado “para servicios funerarios, incluyendo establecimientos de velación, tanatopraxia o de disposición final".