Judicializan a 5 policías que cobraban por dejar pasar contrabando de Venezuela a Cúcuta

Una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación permitió desmantelar una presunta red de corrupción conformada por cinco de la Policía Nacional, un agente de tránsito y dos particulares, quienes habrían participado activamente en el contrabando de mercancías y en el ingreso irregular de ciudadanos extranjeros por pasos no habilitados en la zona fronteriza de La Parada, en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander. De acuerdo con los elementos probatorios, los implicados habrían operado entre enero de 2023 y junio de 2024, periodo en el que supuestamente exigían pagos ilegales a organizaciones y personas que transportaban mercancía de contrabando o facilitaban el ingreso de ciudadanos venezolanos sin cumplir con los requisitos migratorios establecidos.Según la Fiscalía, los uniformados permitían la circulación de vehículos con placas extranjeras sin permisos, y a cambio de dinero, omitían los controles legales. Este actuar, además de vulnerar la normativa nacional, ponía en riesgo la seguridad fronteriza y la salud pública, al permitir el almacenamiento y comercialización de productos sin regulación.Los imputados por estos hechos son:Subintendentes: Pedro Javier Méndez Mendoza y Harold Alfredo Gómez RiveroPatrulleros: Wilson Miguel Caicedo Fernández, Alexander Rojas Torres y Pedro José Mayorga AlbarracínAgente de tránsito: Hever Hernán Botero CamargoCiviles: Álvaro Sarmiento Melo y Élber Mauricio Pérez VergelA estos se les atribuyen, según su presunta participación, los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, concusión, prevaricato por omisión y tráfico de migrantes. Por decisión del juez de control de garantías, los cinco policías fueron enviados a centros carcelarios, mientras que los demás implicados seguirán compareciendo dentro del proceso judicial.Durante el mismo operativo, fue capturado en flagrancia Julio César Guerrero Ortiz, quien tenía en su poder medicamentos de alto costo sin autorización sanitaria para su almacenamiento o venta, entre ellos tratamientos para cáncer, diabetes y enfermedades cardíacas. Los productos no contaban con condiciones adecuadas de conservación, como cadena de frío, ni los protocolos exigidos por las autoridades de salud.Por estos hechos, Guerrero Ortiz fue imputado por corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, y enajenación ilegal de medicamentos, y se le impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia.La Fiscalía y la Policía Nacional reiteran su compromiso con la lucha frontal contra la corrupción y el contrabando en zonas de frontera, y aseguran que continuarán las investigaciones para desarticular completamente estas redes que afectan la legalidad, la economía y la seguridad del país.