La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. El exmandatario no aceptó los cargos formulados.
La imputación se relaciona con el contrato 1724 del 13 de agosto de 2007, suscrito por la Gobernación de Santander por un valor de 650 millones de pesos, cuyo propósito era la compra de juguetes para niñas y niños de bajos recursos durante la época navideña.
De acuerdo con la Fiscalía, Aguilar, en su calidad de ordenador del gasto, habría incumplido su deber constitucional de ejercer vigilancia, control y seguimiento sobre el proceso contractual, al delegar dicha responsabilidad a la Secretaría de Desarrollo Social. Esta omisión habría facilitado varias anomalías en la etapa precontractual.
Durante la audiencia ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia detalló múltiples fallas en la planeación del contrato. Entre ellas, la falta de un censo poblacional que identificara cuántos menores se beneficiarían del proyecto y en qué municipios se encontraban, así como la ausencia de una justificación clara para llevar a cabo la compra y la omisión del proceso de licitación pública.
"El contrato terminó adjudicándose a una fundación que no contaba con la capacidad ni la idoneidad necesarias para ejecutar el encargo. Aunque estaba obligada a entregar 130.000 juguetes, solo se comprobó la entrega de 36.000. A esto se suma que el valor de cada artículo fue modificado, pasando de 5.000 a 6.500 pesos, sin una justificación técnica suficiente", dice el informe de la Fiscalía.
Pese a estos incumplimientos y modificaciones, la Gobernación de Santander realizó el pago completo del contrato, lo que, según la investigación, permitió que el contratista se apropiara de 416 millones de pesos.
El exgobernador de Santander no aceptó los cargos en su contra. Cabe recordar que Hugo Aguilar ya pago una condena de 9 años por parapolítica.