La violencia armada en el Magdalena no da tregua. En el más reciente balance de hechos criminales en Santa Marta y municipios cercanos como Ciénaga, Fundación y Zona Bananera, cuatro personas han resultado heridas por balas perdidas en el contexto, según las autoridades, de ajustes de cuentas. Entre las víctimas se encuentra una menor de edad impactada durante un atentado que le costó la vida a un hombre, al norte de la capital del Magdalena.
La cifra estremece: 61 homicidios en mayo, seis de ellos en dobles asesinatos, y 13 hechos violentos solo durante el último fin de semana, de los cuales, por lo menos 10, fueron homicidios con arma de fuego. Uno de los casos más crudos ocurrió en las estribaciones de la Sierra Nevada, donde tres personas fueron asesinadas, entre ellas una mujer.
La situación es alarmante, no solo por la frecuencia de los crímenes, sino por el impacto que comienzan a tener sobre la población civil. En palabras de Norma Vera Salazar, investigadora y defensora de derechos humanos, lo más grave es que ya no se trata exclusivamente de enfrentamientos entre estructuras criminales.
“Estamos llegando al punto en que los niños, las mujeres, las familias que nada tienen que ver con estos grupos están cayendo víctimas del fuego cruzado. Esta violencia está rompiendo todos los límites”, alertó Vera.
Según información recopilada por observatorios locales, las confrontaciones entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidos como “Los Pachencas”, estarían intensificándose por el control del territorio y las rentas ilegales, en especial en zonas de tránsito de drogas, extorsión y minería ilegal.
“En Magdalena hemos pasado del control armado silencioso a la disputa abierta y visible entre estructuras, donde los civiles están en medio. Se necesita una acción urgente del Gobierno Nacional, una intervención que no se limite a consejos de seguridad, sino que llegue con inversión social y estrategias sostenidas”, añadió la defensora de DD. HH.
La comunidad, por su parte, ha comenzado a levantar la voz. Habitantes de barrios de Santa Marta, así como líderes comunales de municipios rurales, claman por mayor presencia policial, judicialización efectiva y protección real para quienes denuncian estos hechos.
Mientras tanto, la cifra de muertos y heridos sigue en aumento. Y en cada número hay una historia, una familia, una vida atravesada por la violencia. Como dicen los habitantes del Magdalena: “Ya no es miedo lo que sentimos… es desesperanza”.
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