¿Se cayó sin debatirse en la Asamblea de Antioquia?, es la pregunta que muchos se hacen sobre el impuesto en los servicios públicos propuesto por el gobernador, Andrés Julián Rendón, para la seguridad no es viable jurídicamente, según EPM. Sin siquiera un primer debate, el proyecto suma voces en contra de diputados, alcaldes incluyendo el de Medellín y gremios empresariales.
En medio de la especulación sobre si era viable jurídicamente o no, y de voces en rechazo a la propuesta, el tan esperado pronunciamiento de Empresas Públicas de Medellín, EPM, llegó cuestionando la viabilidad de que en la cuenta de servicios públicos se cobre un impuesto de seguridad, tal como lo planteó el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón en su proyecto de ordenanza.
Precisamente, como parte de la información previa al primer debate en la Asamblea, el gerente de EPM, John Maya, dio respuesta a un cuestionario enviado por el presidente Andrés Bedoya, en el que la compañía manifiesta dos problemas de fondo: no hay una ley que respalde este cobro, lo que acarrearía “un vicio de nulidad”, además de que los entes territoriales en Colombia no tienen autonomía fiscal.
“Entre los posibles riesgos legales y normativos asociados a la implementación del recaudo se encuentra la vulneración del principio de legalidad tributaria, lo cual podría derivar a su vez en la nulidad de la disposición que lo adopte. Además, esta situación podría generar inseguridad jurídica tanto para EPM como para los s, conllevando conflictos legales, reclamaciones frente a su inclusión en la factura de servicios públicos domiciliarios e investigaciones istrativas a EPM por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, derivados de la falta de una base normativa sólida que sustente la obligación del recaudo”, se puede leer en el derecho de petición firmado por Maya.
Las dificultades jurídicas se centran en que, pese a la legislación vigente en el país, no existe “una ley habilitante” que permita este cobro, según detalla el documento enviado a la Asamblea el 22 de noviembre.
“La obligación de facturar y recaudar la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, conforme al Proyecto de Ordenanza 59 de 2024, no se considera jurídicamente viable. Esto se debe a que, actualmente, no existe una ley habilitante”, expone Maya.
Blu radio consultó con dos abogados sobre la viabilidad de este proyecto.
Carlos Mario Patiño, magíster en Derecho Económico con énfasis en Servicios Públicos del Externado de Colombia, explicó que no hay certeza de que la asamblea tenga competencia para crear este impuesto, fundamentalmente porque la sentencia de la Corte del año 2023 no es clara, mientras que a su consideración la ley 2272, señala que sólo podrá mantenerse el impuesto para las entidades territoriales que ya lo hubiesen creado con anterioridad.
“Cargar sin autorización de la autoridad reguladora un sobrecosto a el de esos derechos puede resultar ilegal sin que la regulación sin que las Comisiones de Regulación permita que se incluyan ese sobre tasas a fundamentalmente el servicio de energía no hay certeza sobre que esa actividad pueda realizarse”, dijo el profesor Patiño.
Otro de los líos legales en este caso es que la sobretasa de seguridad nada tiene que ver con los servicios públicos, específicamente la energía, con lo que no se podría justificar su cobro, pero más allá de eso, Maya pidió evaluar escenarios no solo jurídicos sino “las condiciones económicas y sociales actuales”, teniendo en cuenta que tiene impacto en 228.500 clientes residenciales en Medellín y 161.600 clientes en el resto de Antioquia, de los estratos 4, 5 y 6, pues los 1.2 billones que espera recaudar el gobernador no incluyen a los estratos 1,2 y 3.
Sobre este punto de los estratos dio su concepto el abogado Santiago Trespalacios, que dijo que no hay ningún impedimento para que el departamento cobre una sobretasa, de acuerdo con la Ley 1421 del 2010, en su artículo 8º, que se encuentra vigente en virtud de la Ley 2272 del 2022.
“Sobre lo que existe cierta controversia, pues aunque en el proyecto de ordenanza se manifiesta que la base gravable sería la factura del servicio de energía, el sector residencial pagaría una contribución sin importar el kilovatio hora consumido, sino que sería una tasa fija, no entendidas, no es entonces, para qué fijar una base gravable sí, el estrato sería el único factor que establecería”, afirmó.
Ante la respuesta de EPM, el diputado Bedoya y toda la bancada del movimiento Creemos (del alcalde Federico Gutiérrez) en la Asamblea mostraron su desacuerdo en el proyecto y le pidieron al gobernador buscar otras opciones, teniendo en cuenta las necesidades apremiantes que hay en materia de seguridad en el departamento. “Somos conscientes de la urgente necesidad de fortalecer la seguridad en el departamento, especialmente frente a la presencia de grupos criminales y el trato benevolente que reciben por parte del Gobierno nacional”, dice en el pronunciamiento conjunto de los diputados de Creemos.
Precisamente, este fue uno de los temas que enfrentó este fin de semana a Rendón con el presidente Gustavo Petro, quien en su cuenta de X manifestó lo sigueinte:
"Un impuesto a los consumidores de los servicios públicos es de lo más regresivo que se puede hacer contra un pueblo. Ponerle impuesto a la luz y al agua es quitarle la comida a los pobres y a los trabajadores (as) en Antioquia".
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