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El salto al vacío que decidió dar el presidente Gustavo Petro al firmar el “decretazo” convocando a una consulta popular, desconociendo la negativa del Senado de la República, tiene una serie de complejas consecuencias políticas y judiciales.
El presidente Petro, junto con sus dos más cercanos funcionarios en la actualidad que son el ministro del Interior Armando Benedetti y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, promueven la idea de convocar a los ciudadanos a decidir el futuro de la reforma laboral en una jornada que pretenden realizar el 7 de agosto, a pesar de que el Senado está a punto de aprobar ese mismo proyecto.
La “jugada” política del gobierno con el “decretazo” busca por una parte, satisfacer a las bases del petrismo quienes insisten en la narrativa de que hay un bloqueo institucional, sienta un precedente de ruptura con el Congreso que hará todavía más difícil el trámite de sus proyectos en el último año de mandato y sobre todo, es la plataforma ideal para comenzar a hacer campaña anticipada buscando mantenerse en el poder en las elecciones presidenciales de 2026, además de fortalecer la lista del Pacto Histórico al Congreso de la República.
Las consecuencias judiciales por la firma del “decretazo” del presidente Gustavo Petro ya comenzaron: una vez se conoció firmado por el jefe de Estado y sus ministros, el decreto 0639 de 2025, inició la “cascada” de tutelas pidiendo la suspensión y que se caiga la convocatoria a la consulta, sumado a la “lluvia” de denuncias por prevaricato y abuso de función pública en contra de los ministros que firmaron.
A propósito, como dato curioso, el papá de la criatura, el exfiscal Eduardo Montealegre, nuevo ministro de Justicia, no firmó el “decretazo” porque no se ha posesionado. Tampoco lo firmaron la canciller Laura Sarabia ni el ministro de Minas Edwin Palma, quienes están en comisión oficial en Europa, ni lo firmó la ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada, quien está en la Conferencia sobre los Mares en Niza, Francia.
El precedente que sienta la firma del “decretazo” tiene consecuencias incalculables, porque no se sabe si el presidente decida volver a utilizar la figura de la excepción de inconstitucionalidad para desconocer decisiones de otras ramas del poder público o para gobernar por decreto.
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En este punto, la democracia colombiana está en manos de las altas cortes y de los poderes independientes como el poder electoral, más específicamente, el fiel de la balanza en este momento crucial para nuestro país está en manos del Consejo de Estado y del Registrador Nacional, Hernán Penagos.
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