
Pedro Baracutao y otros exFarc pedirán perdón por más de 300 secuestros
La audiencia se realizará en Caicedo el 24 de junio, y en Medellín el 27 de junio.

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La JEP citó al representante a la Cámara por el partido Comunes, Pedro Baracutao, y a otros seis exjefes del Bloque Noroccidental de las extintas Farc a reconocer públicamente su responsabilidad en más de 300 casos de secuestro ocurridos durante el conflicto armado.
La audiencia se realizará en Caicedo el 24 de junio, y en Medellín el 27 de junio.
“Entre los hechos documentados se encuentran los secuestros y el posterior asesinato del entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y de su asesor de paz y exministro de Defensa, Gilberto Echeverri, ocurridos en 2002. La investigación también detalló el caso del cabo José Norberto Pérez, secuestrado en el año 2000. Su hijo, Andrés Felipe Pérez, quien padecía cáncer, pidió en varias ocasiones a las Farc-EP la liberación de su padre para verlo antes de morir. Sin embargo, el niño falleció en diciembre de 2001 sin cumplir su deseo. Dos meses después, el cabo Pérez fue asesinado por hombres del Bloque Noroccidental, cuando intentó escapar, según reconocieron los comparecientes ante la JEP”, explica la jurisdicción en su decisión.
Esa estructura de las extintas Farc también es responsable del secuestro del entonces representante a la Cámara, Óscar Tulio Lizcano, ocurrido en agosto de 2000.
Además, el Bloque Noroccidental fue la segunda estructura de las extintas Farc que más secuestros cometió. Estos caso se dieron en Antioquia, norte de Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda.
“Por estos y otros 310 secuestros individuales y colectivos documentados, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó en septiembre de 2024 a estos siete comparecientes como responsables regionales de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, además de otros crímenes que se cometieron contra los secuestrados como asesinato, violencia sexual, tortura, desaparición forzada, atentados a la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos”, señaló la JEP.