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El pasado sábado 7 de junio, Colombia volvió a sentir la oscuridad del terrorismo, luego de un atentado contra el precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe, hecho que lo tiene entre la vida y la muerte.
El también senador se encontraba en eventos de campaña en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, cuando un menor de 15 años le disparó por la espalda, impactándole dos balas en la cabeza y una en la pierna.
Ante ese suceso, la situación de seguridad ha generado temores entre la ciudadanía. Sin embargo, uno de los temas que ha generado debate es el momento que atraviesa el joven, entre ellos la condena que debería enfrentar.
Ante el atentado contra Miguel Uribe y la aprehensión de Juan Sebastián, como se llama el menor, la Fiscalía le imputó cargos por porte y tráfico de armas, y tentativa de homicidio.
Sin embargo, la Fiscalía decidió considerar beneficios para el joven con el fin de que pueda aportar a esclarecer los hechos e identificar a quienes lo contrataron para el homicidio.
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Entre los beneficios, y teniendo en cuenta que por su edad la ley lo acoge, solo se le aplicaría una condena de ocho años, por lo que saldría de prisión a los 23 años. De esa manera, se buscaría brindarle seguridad.
Por lo tanto, tanto a él como a sus familiares se les integrará en el programa de protección a testigos, abriéndole la puerta a reubicación, manutención de él y su familia, así como al posible cambio de identidad.
Sin embargo, la principal inquietud gira en torno a la cantidad de información que el joven pueda aportar y que aún no haya revelado, pues ya confesó que le pagaron $20 millones y que fue contratado por “el man de la olla”, en referencia al líder del punto donde se expende droga.
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De ese modo, si el joven logra entregar información adicional que permita dar con la captura de quienes lo contrataron, de ese mismo modo se le otorgarían los beneficios para salvaguardar la vida, especialmente de sus familiares.
El menor de edad ha dado de qué hablar, no solo por su intento de homicidio, sino también por las condiciones sociales que atravesaba. Según reportes, este se encontraba cerca de ser habitante de calle.
Sin embargo, desde el Distrito de Bogotá se dio a conocer que el joven había participado en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), y que se mantuvo o con él hasta la última semana de mayo.
Según la entidad, se le brindó atención y participación a los programas distritales, pero luego de dos meses, el menor se retiró voluntariamente, lo que impidió brindarle más atención.
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Esta información fue confirmada por el presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta X.
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