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En respuesta a los señalamientos sobre posibles interceptaciones de comunicaciones dirigidas a magistrados de las altas cortes, la Inspección General de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) emitió un comunicado en el que niega cualquier implicación en dichas actividades. Asegura que las prácticas de inteligencia y contrainteligencia de la DNI se realizan respetando los derechos humanos y sin habilitación legal para interceptar comunicaciones.
Además, habla de varias investigaciones: una primera que se inició en febrero de este año tras recibir información sobre la posible interceptación de comunicaciones a magistrados, incluyendo inspecciones tecnológicas y entrevistas con agentes de inteligencia. Según el comunicado, no se hallaron pruebas de equipos de interceptación ni de información relacionada con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El comunicado también aborda las acusaciones del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibañez, sobre la posible interceptación de sus dispositivos de comunicación y de sus colaboradores, así como preocupaciones similares expresadas por dignatarios de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Inspección General abrirá verificaciones respectivas en estos casos.
Asimismo, se investiga la posible implicación de la DNI en la adquisición del malware de espionaje Pegasus por el Gobierno colombiano en 2020, como reportó el periódico israelí Haaretz. La Inspección General remitió esta información a la Fiscalía General de la Nación.
El comunicado concluye: "El señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, ordenó a la Inspección General que se verificara el cumplimiento estricto de la ley de inteligencia".
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