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Pocas democracias han vivido con tanta intensidad y recurrencia la tragedia de ver caer a sus candidatos presidenciales bajo las balas como Colombia. A lo largo del último siglo, el país ha sido testigo de atentados y asesinatos contra líderes con posibilidades reales de alcanzar la Presidencia, episodios que no solo han enlutado a la nación, sino que han alterado el rumbo político, frustrado intentos de reconciliación y sembrado un persistente escepticismo frente a las garantías democráticas.
Desde el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, que desencadenó una espiral de violencia aún no del todo cerrada, hasta el reciente atentado contrael senador Miguel Uribe Turbay este 7 de junio en Bogotá, cada ataque ha representado mucho más que un crimen: ha sido un golpe directo al corazón de la esperanza democrática.
Uribe Turbay, precandidato presidencial del partido Centro Democrático, fue herido mientras participaba en un acto público. El atentado ha revivido el temor a una violencia política que muchos creían superada.
“Que este sea un momento para rechazar los mensajes de odio, de violencia, de intolerancia que se emiten con perversidad, y que podamos unirnos todos los colombianos ante los retos que hoy enfrentamos como nación”, escribió el expresidente Iván Duque en su cuenta de X (antes Twitter).
Una historia atravesada por el fuego político
El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 marcó un punto de inflexión. El carismático líder liberal fue abatido en pleno centro de Bogotá, hecho que desencadenó el denominado "Bogotazo", una ola de violencia urbana que se transformó en una guerra prolongada entre liberales y conservadores, conocida como “La Violencia”.
El historiador Jorge Orlando Melo calificó aquel episodio como “el punto de quiebre” de la modernidad política colombiana. “La muerte de Gaitán destruyó las posibilidades de una salida democrática al conflicto social que se incubaba desde hacía décadas”, escribió en uno de sus ensayos.
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Décadas después, el país revivió otra tragedia con el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, el 18 de agosto de 1989 en Soacha. Galán, líder en las encuestas y férreo opositor del narcotráfico, fue asesinado por sicarios en un crimen atribuido al cartel de Medellín, con la participación de sectores corruptos del Estado. “La muerte de Galán fue un atentado contra la democracia colombiana”, declaró entonces el presidente Virgilio Barco.
Menos de un año después, en 1990, fueron asesinados dos candidatos más: Bernardo Jaramillo Ossa (22 de marzo) y Carlos Pizarro Leongómez (26 de abril). En 1987, Jaime Pardo Leal también había sido víctima de un crimen similar. Todos estaban vinculados con la Unión Patriótica o con el desmovilizado grupo guerrillero M-19.
La Unión Patriótica, nacida de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur, fue objeto de un exterminio sistemático: más de 4.000 militantes fueron asesinados. “Lo que ocurrió con la Unión Patriótica fue un genocidio político”, ha sostenido la senadora Aída Avella, sobreviviente de un atentado en 1996 y quien ha llevado el caso ante instancias internacionales.
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En el caso de Carlos Pizarro, su asesinato dentro de un avión comercial antes del despegue fue otro duro golpe a los esfuerzos de reconciliación. Semanas antes había advertido en una entrevista con la revista Semana: “Si yo muero, será por lo que represento, no por lo que he hecho”.
Impunidad persistente
Muchos de estos crímenes siguen sin resolverse plenamente, lo que ha alimentado teorías, suspicacias y una creciente desconfianza ciudadana. Uno de los casos más emblemáticos es el asesinato del excandidato presidencial conservador Álvaro Gómez Hurtado en 1995, cuya autoría fue reconocida en 2020 por la guerrilla de las Farc. Sin embargo, su familia rechaza esa versión y sostiene que se trató de un crimen de Estado. “No creemos esa versión”, afirmó entonces Mauricio Gómez Escobar, hijo del dirigente asesinado.
Una democracia bajo amenaza
La violencia contra líderes políticos sigue siendo una amenaza vigente. Así lo ha advertido la Misión de Observación Electoral (MOE), que entre 2021 y 2023 registró el asesinato de más de 800 líderes sociales y políticos, muchos de ellos vinculados a procesos electorales locales en zonas periféricas del país.
Para el analista León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación, “la violencia política en Colombia ha sido una herramienta de las élites y de los grupos armados para mantener o disputar el poder. No es un fenómeno del pasado”.
El atentado contra Miguel Uribe, cuya familia ha estado históricamente ligada a la política nacional —su abuelo, Julio César Turbay Ayala, fue presidente entre 1978 y 1982; su madre, Diana Turbay, fue secuestrada y asesinada por el narcotráfico en 1991—, revive los fantasmas de una historia en la que la violencia ha truncado no solo vidas, sino proyectos democráticos enteros.
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