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La decisión del juzgado 5º Penal del Circuito Especializado de Bogotá de rechazar el preacuerdo firmado entre la Fiscalía General de la Nación y Olmedo López, exdirector de la UNGRD, ha generado preocupación en el equipo jurídico que lidera su defensa. La firma Muva Legal, encabezada por el abogado penalista José Luis Moreno Caballero, advirtió que la no aprobación del acuerdo no solo afecta a su cliente, sino que también pone en riesgo el avance de otras investigaciones que buscan esclarecer responsabilidades de alto nivel en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
López, considerado un testigo clave en el entramado que involucra presuntos pagos a congresistas, direccionamiento de contratos y corrupción istrativa, había suscrito un acuerdo con la Fiscalía en el que aceptaba cargos, devolvía el 100 % del dinero apropiado y entregaba información sustancial para judicializar a otros implicados. Entre ellos se encuentran el expresidente del Senado Iván Name, el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle y varios contratistas de alto perfil.
A pesar de ello, el juez de conocimiento consideró que la pena pactada seis años y dos meses era desproporcionadamente baja y, por tanto, improcedente. Lo que más inquietud ha generado, según la defensa, es que la Fiscalía, que lideró la negociación del acuerdo, decidió no apelar el fallo.
“El Estado lo empujó a hablar y luego le soltó la mano”, manifestó el equipo jurídico de Muva Legal a través de un comunicado. A su juicio, la falta de apelación no solo constituye una omisión jurídica, sino también un mensaje preocupante sobre el tratamiento que reciben los colaboradores de la justicia.
Durante la audiencia de verificación del preacuerdo, distintas entidades estatales incluidas la UNGRD, la Contraloría General de la República, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría respaldaron el pacto y manifestaron que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación estaban garantizados. La defensa, por su parte, alertó sobre los riesgos que corre su cliente, quien ha sido blanco de amenazas y ataques digitales.
“En Colombia, decir la verdad ante el poder es jugarse la vida. Y si el Estado no protege esa verdad, lo que protege es la impunidad”, señaló Moreno durante su intervención en la audiencia.
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La defensa ya interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Bogotá, con el fin de que se revoque la decisión de primera instancia.
“Negar este preacuerdo es limitar la verdad y enviar un mensaje profundamente equivocado: se castiga la colaboración y se favorece la impunidad de los más poderosos”, concluyó el despacho.
Recientemente, un juez avaló el preacuerdo al que llegó Sneyder Pinilla, otro testigo clave para la Fiscalía.
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