Corte Constitucional tumbó decreto clave del Gobierno sobre regalías en el Catatumbo
El alto tribunal tumbó el decreto 0131 expedido en el marco del estado de conmoción interior en la región del Catatumbo porque no fue firmado por todos los ministros del despacho.
Corte Constitucional tumbó decreto clave del Gobierno sobre regalías en el Catatumbo
El decreto 0131 de 2025 que tumbó la Corte Constitucional buscaba agilizar la inversión en la región para responder a la emergencia y mejorar las condiciones sociales y ecológicas en el Catatumbo por medio de la financiación de proyectos con recursos del Sistema General de Regalías, incluyendo la Asignación para la Inversión Regional (40 %).
Lo llamativo de la decisión de la Sala Plena de tumbar este decreto es porque no se cumplió la norma que exige la firma del presidente de la República y de todos los ministros del despacho.
En este caso, dos de los firmantes no ejercían legalmente el cargo de ministro al momento de la firma como por ejemplo el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, quien firmó el documento mientras se hallaba en permiso remunerado, periodo en el que su cargo era ejercido por una ministra encargada.
Además del vicio formal, la Corte concluyó que gran parte del contenido del decreto no estaba respaldado por la Sentencia C-148 de 2025, que revisó la constitucionalidad del decreto que declaró la conmoción interior.
Corte Constitucional
Foto: Rama Judicial
“El decreto legislativo no fue firmado por todos los ministros del despacho, en concreto, la Corte encontró que dos de las personas que firmaron el decreto carecían de la competencia constitucional y legal para estos efectos, por cuanto no se encontraban en ejercicio del empleo de ministro del despacho”, señaló la Corte en su decisión.
En esa ocasión, el alto tribunal señaló que los problemas estructurales en el Catatumbo —como la pobreza o los daños ambientales del conflicto armado— no justificaban medidas extraordinarias por no evidenciar un agravamiento súbito.
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La Corte aclaró que los proyectos de inversión relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz en municipios PDET sí contaban con respaldo constitucional, por su vínculo con la superación de la crisis humanitaria y el retorno de víctimas.
Pese a la declaratoria de inexequibilidad, la Corte estableció que los proyectos de inversión ya seleccionados y en ejecución no se verán afectados. La decisión solo tendrá efectos hacia el futuro.
Sin embargo, el vicio formal en la firma del decreto afectó todo su contenido, incluso estas disposiciones.