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La defensa de Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento istrativo de la Presidencia (DAPRE), confirmó que su cliente no aceptará los cargos que le serán imputados por la Fiscalía en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Además, negó que González esté evadiendo a la justicia, aunque no confirmó si se encuentra fuera del país.
La diligencia se realizará este 21 de mayo de manera virtual ante el Tribunal Superior de Bogotá. El abogado Iván Cancino, defensor del exfuncionario, afirmó que González no tiene ninguna responsabilidad penal que itir.
“Carlos Ramón no aceptará cargos porque no tiene nada que aceptar”, dijo. Agregó que no tienen información sobre su ubicación exacta: “No nos interesa el lugar físico donde esté. Hemos estado en o permanente con él, preparando y atendiendo todas las audiencias en las que ha participado, directamente o a través de su defensa”.
Cancino también cuestionó el ambiente político y mediático que rodea el caso: “Si la justicia en Colombia actúa sin presiones externas, al final se demostrará que es inocente. Esperamos que el proceso se lleve con total imparcialidad, como debe ser. Pero es muy pronto para hacer afirmaciones categóricas”.
El pronunciamiento de la defensa se conoce un día después de que la Fiscalía solicitara ante el Tribunal Superior de Bogotá la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra González Merchán. Lo señala como presunto responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
De acuerdo con la investigación, González habría coordinado con el entonces director de la UNGRD, Olmedo López, la entrega de millonarios sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, en octubre de 2023. El objetivo, según la Fiscalía, era asegurar el respaldo a las reformas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
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Además, se investiga si González incurrió también en el delito de tráfico de influencias, al igual que la exconsejera presidencial Sandra Ortiz. El ente acusador sostiene que cuenta con elementos materiales probatorios y ha recopilado información clave de la Dian, la Presidencia y la empresa de telefonía móvil del exfuncionario.
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