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En medio del caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD, y a través de un documento de 31 páginas, la Red de Veedurías de Colombia, en calidad de víctimas, pidió la recusación de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y del vicefiscal general, Gilberto Díaz.
Uno de los representantes del organismo, el abogado Pablo Bustos, solicitó que la fiscal Camargo se declare impedida para conocer todos los asuntos relacionados en la investigación del caso, incluido cualquier preacuerdo que haya entre la Fiscalía y la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz.
Dentro de los argumentos se expone que la antigua funcionaria ya ha dado algunas declaraciones en contra de la fiscal, que estarían relacionadas con su elección en el cargo. A lo anterior se suma que, según las víctimas, Luz Adriana Camargo tendría algún tipo de interés en los integrantes del Gobierno nacional, efectuados por Ortiz, que contarían con algún tipo de relevancia en la postulación como terna a fiscal general, por parte del presidente Petro.
“En segundo lugar, la causal de ‘enemistad grave’ entre usted, señora fiscal general, la acusada y asegurada, exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, a quien incluso le ha cerrado las puertas para la negociación de un principio de oportunidad, que, por el contrario, se lo ha otorgado o autorizado, su despacho, incluso a quienes han sobornado a otros procesados dentro del macrocaso de corrupción de la UNGRD a su cargo”, afirma el documento.
Dicen las víctimas que, en caso de que se acepte la recusación contra la fiscal Camargo, sería necesario que el vicefiscal, Gilberto Díaz, también se declare impedido en el caso. Según se argumenta en el texto, Díaz tiene un obstáculo legal para conocer del caso, pues es un subordinado en las funciones de Camargo.
Por otro lado, si no se acepta la recusación, las víctimas piden que la solicitud se envíe a la Corte Suprema de Justicia, quien deberá determinar este pedido. De aceptarse, la Fiscalía General de la Nación tendría que nombrar a un fiscal ad hoc para que esté al tanto del proceso que se adelanta contra la exfuncionaria Ortiz.
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Cabe recordar que la antigua consejera ya había solicitado formalmente a la Corte Suprema de Justicia ser escuchada en diligencia de declaración. La petición fue radicada ante el magistrado César Augusto Reyes, presidente de la Sala de Instrucción, luego de que la Fiscalía descartara otorgarle un principio de oportunidad.
La funcionaria de más alto nivel del Gobierno del presidente Gustavo Petro, mencionada hasta ahora en el caso, busca que el alto tribunal la escuche como parte de las investigaciones en curso sobre aforados, entre ellos el expresidente del Senado, Iván Name.
De igual forma, es necesario aclarar que, según la Fiscalía, no es posible otorgar un principio de oportunidad debido a la "gravedad de las conductas" que se le atribuyen a Ortiz. De acuerdo con el ente investigador, hubo un comportamiento "errático y contradictorio" de Ortiz, así como en su entrega anticipada de información a medios sin una negociación formal en curso. La exconsejera insiste en que tiene información relevante para las investigaciones en curso y que su intención es colaborar plenamente con la justicia.
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