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La audiencia de acusación contra la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, señalada por la Fiscalía de haber participado en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fue aplazada nuevamente. La diligencia estaba prevista para este jueves 10 de abril, pero por decisión del juzgado penal del caso, fue reprogramada para el próximo 12 de junio.
Ortiz, exalta funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro, está siendo procesada por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, luego de que testigos afirmaran que ella habría entregado sumas de dinero al entonces presidente del Senado Iván Name en un apartamento ubicado al norte de Bogotá. Estos hechos están siendo investigados en el marco de la presunta red de corrupción que habría operado en la UNGRD para direccionar contratos y desviar millonarios recursos públicos.
El aplazamiento fue solicitado por el abogado de Ortiz, Oswaldo Medina, quien argumentó que se han presentado dificultades en las conversaciones que la defensa venía adelantando con la Fiscalía para lograr un principio de oportunidad.
“La defensa venía adelantando conversaciones con la Fiscalía, mismas que se han visto interrumpidas, razón por la cual se requiere un tiempo razonable para realizar reuniones con mi prohijada de cara a la etapa de acusación", expresó Medina en su solicitud formal.
Este nuevo giro en el proceso ocurre justo el mismo día en que la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado público en el que confirma que, aunque ha habido acercamientos con Sandra Ortiz en busca de una posible negociación judicial, no está dispuesta a otorgarle inmunidad penal total, como lo había solicitado su defensa.
“El equipo de fiscales rechazó la pretensión de principio de oportunidad con inmunidad total frente a la gravedad de los delitos imputados y por considerar que la colaboración ofrecida a la justicia se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones”, señaló el comunicado oficial.
La Fiscalía también dejó claro que solo accedería a un principio de oportunidad con inmunidad parcial, si la información suministrada por la exfuncionaria resulta veraz, útil y respaldada por pruebas.
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El juzgado, por su parte, accedió a la solicitud de la defensa, pero fue enfático al advertir que esta será la última vez que se aplaza la diligencia de acusación. En otras palabras, si para el 12 de junio no se ha llegado a un acuerdo o no hay avances sustanciales en el proceso, el caso continuará bajo el curso ordinario.
Este nuevo compás de espera le abre una ventana a Sandra Ortiz para definir si finalmente acepta colaborar con la justicia bajo los términos que propone el ente acusador. Mientras tanto, el proceso sigue bajo la lupa de la opinión pública, pues lo que está en juego no solo es el futuro judicial de la exfuncionaria, sino también las posibles revelaciones sobre el entramado de corrupción que comprometería a otros actores políticos con fuero.
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